Estas fueron las palabras que dio la Presidenta del CNE, Tibisay
Lucena, en cadena nacional para anunciar al país su decisión con
respecto a la solicitud de auditoria del Comando Simón Bolívar.
El país ha
visto cómo nos hemos reunido durante largas horas por dos días para
analizar una solicitud que fue introducida el día de ayer por Henrique
Capriles Radonski. Responsablemente y con una gran seriedad hemos
revisado esta solicitud. Y antes de anunciar la decisión que hemos
tomado queremos decir algunos mensajes que hemos considerado de gran
importancia.
Este Poder
Electoral emitió unos resultados electorales absolutamente
transparentes, exactos que reflejan de forma pulcra la expresión de las
electoras y los electores. Es un sistema electoral que fue y ha sido
sometido a las auditorías y a las pruebas que dan garantías de la
fortaleza y la robustez del sistema electoral venezolano durante mucho
tiempo. Se trata de las garantías a los derechos políticos de las
ciudadanas y los ciudadanos. Es la soberanía del país expresada por el
sufragio. La institución es garante de esos votos y por tanto de las
decisiones que el pueblo toma por medio del sufragio. El Poder Electoral
tiene la obligación constitucional de respetar y hacer respetar la
decisión de cada una de las ciudadanas y los ciudadanos venezolanos, por
ello el Poder Electoral actúa estrictamente dentro del marco jurídico
del país.
El domingo,
cuando anunciamos los resultados también recordamos el derecho que le
asiste a quienes estaban o están en desacuerdo con el resultado
electoral y le señalamos claramente cuáles son esas instancias para
impugnar los resultados de esta elección. Insistimos, así mismo, que esa
impugnación se presentara de manera formal ante las instancias
correspondientes y que no se hicieran a instancias de los medios de
comunicación, sino ante el organismo electoral o los entes
correspondientes.
También
queremos decir que el lapso para la impugnación, debe saberlo el país,
sólo se inicia luego de la proclamación del candidato electo, esa es la
regulación vigente desde hace muchos años en Venezuela. Cualquier
especulación en torno a ello no es más que la valoración propia del
debate político. Lo concreto es que el derecho asiste a quienes votaron
por el candidato Capriles, pero también asiste a quienes lo hicieron por
el Presidente Maduro y por eso es tan importante preservar toda acción
dentro del marco legal que rige el proceso.
La solicitud
presentada es culminar la auditoria de verificación ciudadana que se
hizo el día domingo al 54% de las cajas de resguardo del comprobante del
voto. No se hizo solicitud de reconteo de votos. Recordamos que el voto
y el escrutinio en Venezuela son automatizados, un nuevo escrutinio
automatizado sólo se puede solicitar mediante la impugnación de la
elección ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Luego de una
larga discusión para analizar dicha solicitud, hemos acordado en el
marco de lo permitido en la norma electoral, ampliar la auditoría de
verificación ciudadana en su fase dos que se inició el día de hoy para
realizar la auditoría sobre el 46% de las cajas de resguardo que no
fueron auditadas el día de la elección. Esta decisión ha sido tomada
atendiendo a una situación evidentemente particular, en ningún caso debe
ser interpretada como escrutinio alguno y será realizada de la
siguiente forma:
Seleccionaremos
una muestra que será auditada durante diez días al final de cuyo lapso
será entregado al país un informe de resultados. Este procedimiento se
repetirá en ciclos de diez días hasta completar treinta días. Será
realizada en presencia de los técnicos designados por los comandos, con
una capacidad instalada a un promedio de 400 cajas de resguardo por día.
El inicio de este proceso lo anunciaremos la semana próxima.
El Poder
Electoral toma esta decisión en aras de aportar a la preservación de un
clima de armonía entre venezolanos y venezolanas, pero también para
aislar a los sectores violentos que buscan irresponsablemente lesionar
la democracia.
Para concluir,
queremos exhortar a los medios de comunicación y a los diferentes
voceros de las organizaciones con fines políticos para que sean
consecuentes y responsables con la paz nacional y eviten emitir juicios
previos o manifestar criterios que promuevan la alteración de los ánimos
en este período. Dejen que el Poder Electoral cumpla con su función sin
que medien chantajes, agresiones o amenazas a funcionarios u oficinas
de esta institución. Debemos procurar que nuestra democracia sea
resguardada para el bien de todas y todos.
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