Ligia Bolívar, directora del centro de Derechos Humanos de la UCAB, afirmó que el presidente electo, Nicolás Maduro, no tiene potestad legal ni constitucional para impedir el ejercicio de un derecho humano como la protesta, consagrado en la Constitución.
"Respaldamos y reivindicamos la protesta pacífica como defensa de los derechos; y con igual fuerza repudiamos la violencia, venga de donde venga", dijo. Expresó preocupación por la criminalización del la protesta y la estigmatización de las personas.
Enfatizó que cuando se ejerce el derecho a una protesta, las autoridades deben garantizar el orden publicó sin discriminación, y usando proporcionalmente la fuerza.
Una posición similar expresó Liliana Ortega, directora de Cofavic. Señaló que los reclamos deben ser atendidos por las autoridades, "para que haya oxigeno y las dos partes puedan coexistir sin fricciones; es importante que quienes estén en las instituciones no contribuyan a que se agudice la violencia, con la violencia toda la sociedad pierde".
Insistió en que las más altas autoridades deben garantizar la paz y generar confianza y legitimidad, y evitar el lenguaje conflictivo.
Foro por la Vida y la duda razonable. La coalición de organizaciones no gubernamentales Foro Por la Vida emitió un comunicado en el que expresa que el estrecho margen entre los candidatos de las presidenciales, y el reporte de más de 3.000 incidencias denunciadas por la oposición, presentan una duda razonable sobre la consistencia de los resultados.
"Esa duda justifica la activación de los mecanismos previstos en la legislación para una revisión detallada de los mismos, sin que ello sea interpretado como una amenaza a la democracia y la voluntad popular, sino como la forma legal y cívica de resolver la controversia, considerando que ambos candidatos aceptaron de manera voluntaria e inmediata la revisión la noche del 14A", señalan.
En el texto piden al Consejo Nacional Electoral "acoger solicitudes que se formalicen de acuerdo con lo previsto en la normativa electoral, incluyendo el ofrecimiento de asistencia técnica de la Organización de Estados Americanos".
También piden al ente iniciar las averiguaciones sobre las irregularidades denunciadas "que empañan el proceso electoral". El comunicado fue suscrito por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, Provea, Espacio Público y Cofavic.
Dictadura en puertas. El ex procurador general de la República Nelson Socorro advirtió que si no se permitía realizar la marcha que estaba prevista para hoy hasta el CNE sería el inicio de una dictadura en Venezuela.
"La Constitución establece que los venezolanos tenemos derecho de participar libremente en los asuntos públicos. Si no se permite la marcha se estarían violando principios y derechos constitucionales", señaló.
Socorro explicó que para que Maduro pueda impedir una marcha, como amenazó, tendría que suspender primero los derechos establecidos en la carta magna sobre reunión, libre tránsito y libre expresión.
Indicó que debe entenderse que la marcha no es contra el Ejecutivo nacional, sino contra el CNE. Reiteró que lo que se está exigiendo es que se cuente el 100% de las papeletas.
"Han pasado menos de 24 horas desde que Maduro fue proclamado presidente por el CNE y ya está amenazando a la población con no dejarla marchar"
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